Es muy habitual que al comprar una vivienda o cualquier otro bien inmueble, o al recibirlo por herencia o donación, que la Hacienda autonómica (Consellería de Facenda en el caso de Galicia), nos envíe una liquidación por la comprobación de valores declarados en el impuesto de sucesiones, impuesto de transmisiones, o cualquier otro. Generalmente cuando adquirimos un inmueble por cualquiera de los medios anteriores declaramos por el valor de adquisición o valor de compra del mismo, por el valor catastral o, en algunas ocasiones, por el valor de tasación de alguna empresa o particular especializado. Sin embargo, la Administración tiene sus propios métodos de cálculo y sus baremos para determinar los precios medios de mercado de cada zona del territorio. Al aplicar este método, la Administración prescinde de cualquier matización sobre el estado de conservación del inmueble, de su antigüedad y otras características que afectan a su valor de mercado, lo que tiende a inflar injustificadamente el resultado final de la tasación en su propio beneficio. Como consecuencia de ello, se produce una diferencia entre el valor declarado por el contribuyente y el calculado por la administración, lo que determina que la cantidad extra a pagar no suela ser nada despreciable.

La liquidación que nos remite la Administración, la llamada comprobación de valores, es recurrible ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia (TEAR) y suele existir una alta probabilidad de éxito en la reclamación por la falta de motivación de la resolución. En este caso, se le suele reprochar a la Administración la falta de esfuerzo individualizador a la hora de calcular el valor real de mercado de los inmuebles, es decir, que suele tirar por la calle del medio y le da el mismo valor al metro cuadrado de un piso de lujo que a otro de construcción más modesta, con lo cual se genera una evidente injusticia.

Las cifras que se esconden detrás de esta realidad cotidiana no dejan de sorprendernos ya que, si en un piso estándar pueden existir diferencias de valoración cercanas a los 20.000€ de media, sólo hay que multiplicar por el número de compraventas de fincas -80.877 sólo en Galicia en 2014-, sin contar las transmisiones afectas por el impuesto de sucesiones o donaciones, para hacerse una idea de la cantidad de millones que la Consellería de Facenda ingresa al año por este tipo de comprobaciones.

Nuestra experiencia, tras multitud de recursos interpuestos en relación con comprobaciones de valores en la Delegación de Vigo, así como en otras de Galicia, es que, a priori, no debe darse por bueno el valor que calcula la Administración, porque suele estar calculado al alza para procurarse una liquidación en su beneficio y existen argumentos suficientes para conseguir su anulación, habiéndose conseguido, al menos hasta ahora, en un porcentaje muy alto de las reclamaciones presentadas.

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